Regulaciones para 2024: todo lo que necesitas saber hasta ahora
La idea de que las empresas sean directamente responsables de sus registros medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) lleva décadas cobrando fuerza. Sin embargo, ha faltado un marco para medir con precisión esos registros y motivar mejores prácticas. Ahora ya no.
La Unión Europea, con Francia a la cabeza, ha establecido rápidamente obligaciones específicas para que las empresas informen sobre sus prácticas ESG y tomen medidas para mejorarlas.
La idea de que las empresas sean directamente responsables de sus registros medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) lleva décadas cobrando fuerza. Sin embargo, ha faltado un marco para medir con precisión esos registros y motivar mejores prácticas. Ahora ya no.
La Unión Europea, con Francia a la cabeza, ha establecido rápidamente obligaciones específicas para que las empresas informen sobre sus prácticas ESG y tomen medidas para mejorarlas.
La Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, que amplía una directiva anterior de la UE, entrará en vigor el año que viene, y las empresas más grandes deberán presentar sus primeros informes en 2025. En última instancia, las nuevas normas se aplicarán a casi todas las empresas europeas que cotizan en bolsa y hasta 50.000 empresas de todo el mundo. El trabajo de recopilación de datos y divulgación de información para las empresas es considerable, y las que aún no han empezado a poner a prueba sus procesos de elaboración de informes ESG tendrán mucho trabajo el año que viene.
Afirmaciones engañosas y "greenwashing"
¿Qué significa ser "respetuoso con el medioambiente", "neutro en carbono" o "sostenible"? Depende de a quién se pregunte. Según un estudio realizado por la Comisión Europea en 2020, el 53% de las alegaciones ecológicas sobre productos o servicios en la UE eran vagas, engañosas o infundadas. Casi la mitad de esas afirmaciones carecían de pruebas que las respaldaran. El "greenwashing" es publicidad engañosa, y sale a cuenta. Cada vez son más los consumidores que buscan productos ecológicos y con menor impacto negativo en el medioambiente.
El "greenwashing" socava todo el movimiento hacia la sostenibilidad. No sólo erosiona la confianza de los consumidores en los mensajes y la información medioambientales, sino que también coloca a las empresas que hacen esfuerzos legítimos por mejorar su comportamiento medioambiental en una situación de desventaja económica frente a otras sin escrúpulos.
La falta de normas comunes es parte del problema. En la UE hay actualmente más de 200 etiquetas ambientales diferentes y docenas de otras etiquetas relacionadas con la energía que se utilizan en productos y servicios. El resultado es un confuso aluvión de normas y afirmaciones que los consumidores no tienen forma de evaluar.
Los costes del "greenwashing"
La creciente concienciación de los consumidores sobre el "greenwashing" está haciendo que sea más arriesgado para las empresas hacer afirmaciones medioambientales falsas. También puede resultar mucho más costoso. Tanto la UE como el Reino Unido han propuesto nuevas leyes para combatir el "greenwashing". El Código de Alegaciones Ecológicas del Reino Unido es un código de conducta voluntario, pero la Autoridad de Competencia y Mercados del país ya ha puesto en marcha investigaciones sobre las alegaciones ecológicas de varias marcas de moda y ha indicado que también tiene intención de examinar otros sectores de la economía.
En cambio, la Directiva de la UE sobre alegaciones ecológicas es una propuesta vinculante que deben seguir todas las empresas que venden productos o servicios en la UE. Contiene normas detalladas que exigen que las alegaciones medioambientales estén respaldadas por pruebas y verificadas por un tercero acreditado e independiente. Las acusaciones de "grenwashing" no sólo dañan la reputación de las empresas, sino que pueden acarrear sanciones de hasta el 4% de los ingresos empresariales por falsas alegaciones medioambientales.
Contabilidad del carbono
La Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa, que entrará en vigor el año que viene para unas 11.700 empresas con sede en la UE, presenta retos mucho mayores para las empresas que han estado informando con arreglo a la Directiva sobre informes no financieros (NFRD). Las empresas más pequeñas que no estaban sujetas a la NFRD deberán cumplir las nuevas normas en 2025 y 2026. Las empresas no establecidas en la UE con un volumen de negocios superior a 150 millones de euros en la UE durante dos años consecutivos también tendrán que cumplirlas. En total, se espera que la DSFC se aplique a unas 50.000 empresas de todo el mundo.
Exige a las empresas que presenten informes más detallados sobre temas de sostenibilidad, como asuntos medioambientales, responsabilidad social, derechos humanos, medidas anticorrupción y diversidad en los consejos de administración.
Uno de los mayores retos de la nueva normativa para las empresas será informar sobre su huella de carbono. Por primera vez, las empresas deben informar de sus emisiones totales de gases de efecto invernadero. Esto incluye las emisiones de sus operaciones (Alcance 1), su uso de energía (Alcance 2) y las emisiones producidas por proveedores y clientes relacionadas con el ciclo de vida del producto (Alcance 3). Por decirlo suavemente, las emisiones de Alcance 3 son complicadas, sobre todo para las grandes empresas con cadenas de suministro globales. A menudo, los datos de esos proveedores pueden ser poco fiables o no estar disponibles. Muchas grandes empresas ya han puesto a prueba sus procesos de notificación de emisiones para determinar dónde tienen lagunas a lo largo de su cadena de valor y cómo pueden subsanarlas.
Hacia una economía circular
La Comisión Europea también está tomando la iniciativa en la planificación de una economía que reutilice los materiales de forma más eficiente y minimice los residuos. El Plan de Acción para la Economía Circular adoptado por la CE en 2020 establece planes para exigir que los productos sean más duraderos, reutilizables y reciclables. La Comisión ya ha propuesto normas que restringen los plásticos de un solo uso y exigen que todos los teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos vengan con puertos de carga universales USB-C. También tiene previsto crear pasaportes digitales para prácticamente todos los productos que no sean alimentos o medicamentos. Estos pasaportes proporcionarían información como el origen, la composición y la reciclabilidad de un producto, lo que daría a los consumidores una imagen más clara de su sostenibilidad a largo plazo.
Ninguna de estas normas de economía circular es aún vinculante, pero lo será. También se espera que la Organización Internacional de Normalización (ISO) publique el año que viene normas que definan la economía circular y las formas de hacer la transición a ese modelo de producción. Como siempre, las normas ISO no son vinculantes. Sin embargo, las empresas y marcas harían bien en reflexionar sobre la circularidad y el grado de sostenibilidad de sus productos y procesos de producción.
La próxima normativa ESG de la UE afectará prácticamente a todas las empresas de la eurozona, desde fabricantes a minoristas e instituciones financieras. Afectarán a todo, desde el envasado de productos hasta las funciones de impresión o el diseño de espacios comerciales. Aunque el nuevo régimen de información planteará importantes retos de cumplimiento para las empresas, también es una oportunidad. Las empresas que tomen medidas para reducir el impacto negativo que tienen sobre el medioambiente y la sociedad serán recompensadas por los consumidores y los inversores.
